La ministra de Cultura quiere "proteger al libro y no tratarlo como una mercancía sometida a la ley de la oferta y la demanda". Para ello, prohibirá los descuentos a los libros. A lo mejor nos sorprende y se confiesa escritora, lo cual no le daría ningún derecho a tomar esa decisión, pero sí cierto peso moral en el debate. Porque suponiendo que la ministra escribiera libros, ¿qué derecho tendría a decidir sobre los libros de los demás? ¿No es más lógico que cada cual decida lo que vale su obra?

Pero hay un par de cuestiones más graves. Una de ellas es que la ministra antepone la protección de los libros, que son objetos inertes, a la de las personas, a quienes juró servir. ¿Y qué servicio supone prohibir que haya competencia en el sector editorial? ¿Es el recorte de libertades un servicio moderno? ¿Tendremos que acostumbrarnos a que los políticos nos digan lo que tenemos que hacer?

La otra cuestión es que no hay nada malo, sino todo lo contrario, en que un producto se convierta en mercancía. De hecho, yo estoy deseando que mis obras sigan ese destino. No lo hago aún porque, entre otras cuestiones, la normativa de propiedad intelectual es una porquería y no hay forma de registrar la autoría de manera ágil, eficaz y universal. Por supuesto, no me refiero a que la gente se pueda descargar mi obra gratis. De hecho, lo más probable es que ofreciera ejemplares digitales gratuítos, e impresos a un precio razonable. El problema es la autoría. ¿Cómo puedo demostrar que una obra es mía ante posibles plagios? El mercado ofrece grandes posibilidades, entre ellas el reclamo de los precios reducidos. Pero teniendo en cuenta que en España no tenemos libertad alguna en este sector, tendré que seguir soñando.